Innovación social en la protección de la infancia y la adolescencia en riesgo

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Innovación social en la protección de la infancia y la adolescencia en riesgo

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Infància i adolescència en risc

Según UNICEF, se estima que más de 1.000 millones de NNA (niños, niñas y adolescentes) son víctimas de violencia en el mundo, con consecuencias profundas, duraderas y, a veces, mortales. ¿Cómo puede aplicarse la innovación social a la protección de la infancia?

Protección a la infancia y la adolescencia

La protección de la infancia consiste en prevenir la explotación, el abuso, las prácticas nocivas y la violencia contra niños, niñas y adolescentes (NNA), así como actuar en caso de que se produzca alguna de estas situaciones. Esta protección está reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según UNICEF, se estima que más de 1.000 millones de NNA son víctimas de violencia en el mundo, con consecuencias profundas, duraderas y, a veces, mortales. Los últimos datos de la OPS revelan que uno de cada dos niños entre dos y diecisiete años sufre algún tipo de violencia cada año. Además, según datos de Save the Children, una de cada dos víctimas de violencia sexual es un niño. En promedio, estas víctimas deben contar los hechos cuatro veces después de denunciarlos, y la duración media del proceso legal es de tres años. Además, siete de cada diez casos abiertos no llegan a juicio oral.

Según el estudio Vulnerabilidad y exclusión en la infancia, la exclusión social en la infancia es un proceso multidimensional que afecta diferentes ámbitos, como el residencial, el sociosanitario y el relacional. Además, este estudio identifica colectivos vulnerables y con mayor riesgo de exclusión, como los niños con discapacidad, los provenientes de etnias minoritarias o aquellos en situación de desprotección familiar.

En este artículo, exploraremos algunas propuestas y perspectivas innovadoras en el ámbito de la protección a la infancia que pretenden mejorar la respuesta de los servicios sociales y de las entidades sociales ante situaciones de vulnerabilidad infantil.

Espacios seguros para niños víctimas de violencia sexual: el modelo Barnahus

El Barnahus (casa de los niños en islandés) es un modelo innovador, multidisciplinario e interinstitucional que coordina las investigaciones penales y las evaluaciones de los servicios sociales en situaciones de abusos sexuales y violencia infantil y juvenil. Las unidades integradas, formadas por equipos especializados, tienen por objetivo evitar la revictimización de los niños y adolescentes y proporcionar toda la atención necesaria en un único centro. El propósito es situar a la víctima y su bienestar en el centro de los procesos, reducir el tiempo de espera para recibir ayuda y mejorar la eficacia y coordinación de la respuesta.

El modelo Barnahus evita que las víctimas tengan que pasar por juzgados, comisarías, hospitales y servicios de infancia. Los espacios tienen un aspecto acogedor y agradable que proporciona seguridad, comodidad y confianza a los niños y familias. El centro está abierto de lunes a viernes, de 9h a 19h, y está formado por un equipo multidisciplinario, con profesionales de diferentes ámbitos de la Administración, como el sector de la salud, los servicios sociales o el judicial.

Originalmente, el National Children’s Advocacy Centre de los Estados Unidos desarrolló el modelo Barnahus y Reikiavik fue la primera ciudad europea en aplicarlo, en 1998. En Islandia, según Save The Children, después de extender el modelo Barnahus por el territorio, las condenas por abuso y violencia a menores se han duplicado y las acusaciones se han triplicado. En Cataluña, la Generalitat inició una prueba piloto en Tarragona, en 2020, que fue pionera en el resto del Estado español. Después de la buena acogida del centro, se han abierto otras unidades en diferentes localidades catalanas, como La Seu d’Urgell, Terrassa (ambas gestionadas por Intress), Granollers (Fundación Idea) y Barcelona (FASI), entre otras.

Desinstitucionalización

En España, en 2021, había 48.357 niños, niñas y adolescentes en situación de institucionalización, según un estudio del proyecto EDI (Estudio Desinstitucionalización) en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Por otro lado, el informe Desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y la adolescencia (Síndic de Greuges, 2023) asegura que, en Cataluña, hay 32.481 niños y adolescentes –el 2,4 % del total– que viven con su familia, pero no reciben una atención adecuada para garantizar su desarrollo y bienestar óptimos.

La institucionalización infantil es una medida administrativa protectora ante una situación que supone un riesgo para un menor en el seno de su familia. Como consecuencia, la tutela del niño recae en la Administración Pública y las diferentes entidades sociales se hacen cargo de la guarda, a través de centros de acogida, pisos de transición a la vida adulta o centros residenciales, entre otros. Según el informe del Síndic de Greuges, el sistema de protección a la infancia y la adolescencia no solo tiene la función de evitar situaciones de maltrato o de garantizar la seguridad de los menores una vez se han producido estas, sino que también trabaja en dos líneas fundamentales:

  • Prevención: La manera más eficiente de proteger la infancia es a través de medidas de apoyo a las familias, tanto en el plano material como psicosocial, para apoyarlos en el ejercicio de las funciones parentales.
  • Priorizar el retorno del niño a su núcleo familiar: A través del acompañamiento a las familias, es importante tener como objetivo principal la superación de la situación de desamparo que ha generado la separación.

En este sentido, el informe propone evolucionar de la perspectiva basada en “separar para proteger” a un sistema basado en “prevenir para proteger” y “proteger para el retorno”. Sin embargo, en este proceso de institucionalización, hay derechos que pueden entrar en contradicción. El EDI considera que, al articular el sistema de protección, a menudo no se prioriza el interés superior de los NNA. Como consecuencia, la institucionalización provoca marginación y restricciones sociales, psicológicas y físicas, entre otras. El modelo de la desinstitucionalización es un proceso que apuesta por transformar los servicios de atención a las personas en situación de vulnerabilidad, acompañándolas en su día a día y haciendo un seguimiento sin necesidad de centralizar la atención en las instituciones. En el caso de la protección a la infancia, esta perspectiva trabaja para avanzar hacia un sistema que ponga en el centro los derechos de los niños e involucre a las familias como elemento imprescindible para garantizar el bienestar de los menores, con una visión preventiva.

Según el EDI, es necesario un cambio cultural profundo para poder implementar exitosamente políticas públicas basadas en los derechos de los niños. En este sentido, es fundamental que los profesionales reciban formación específica para promover la equidad, la justicia y el bienestar de los menores, así como crear modelos de atención personalizados que prioricen la dignidad, la autonomía y la evolución de los niños. Otra medida clave, tal como señala el estudio, consiste en incluir auditorías éticas como complemento de los instrumentos de inspección y control, para especificar los derechos que entran en colisión, los estándares deseables y los sistemas de gestión y mejora enfocados en el interés superior de los NNA.

En todo el mundo también se está trabajando en esta línea. En Italia, el programa P.I.P.P.I (Programa de Intervención para la Prevención de la Institucionalización) busca reducir la institucionalización de los niños en familias vulnerables, a través de un conjunto de acciones que atienden las necesidades de los niños. Por ejemplo, mediante la atención domiciliaria intensiva, la realización de actividades grupales con otras familias y el trabajo conjunto con maestros y trabajadores sociales.

De manera similar, el proyecto Youth and Family Office, en Austria, acompaña a familias vulnerables durante el proceso de crianza a través de asesoramiento flexible adaptado a cada caso concreto. A través de un enfoque donde los niños y la familia se encuentran en el centro, se busca evitar la institucionalización.

Por otro lado, la entidad escocesa Aberlour, mediante el programa Intensive Perinatal Support Service, trabaja para maximizar las posibilidades de que los bebés puedan permanecer de manera segura en sus familias. El proyecto acompaña a las madres durante el periodo de gestación y el primer año del bebé, y ofrece apoyo en la preparación para la llegada del bebé a casa, en la recuperación del abuso de sustancias y en la creación del vínculo familiar, entre otros servicios.

Herramientas tecnológicas

En el ámbito de la innovación social, la tecnología permite crear herramientas eficientes para dar respuesta a diferentes problemáticas sociales. En el caso de la protección a la infancia y la adolescencia en riesgo, existen numerosas iniciativas que combinan los conocimientos tecnológicos con la perspectiva social. A continuación, recogemos cuatro proyectos innovadores en este ámbito:

  • Rafiki (Sos Children’s Villages): Rafiki es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para apoyar a los profesionales que cuidan niños y jóvenes. Se trata de una aplicación que incluye un asistente digital configurado para responder preguntas en tiempo real, con enlaces para ampliar los conocimientos. De esta manera, los trabajadores sociales pueden tomar mejores decisiones, adaptadas a su contexto. Los ámbitos que abarca son diversos, como la crianza, la salud mental, la protección o el apoyo psicosocial. La aplicación se ha implementado en países como Malaui, Nigeria y Sudáfrica.
  • Primero (UNICEF): Primero es una plataforma con tecnología de código abierto que recopila y gestiona datos de los niños que se encuentran en contextos de emergencia migratoria con el objetivo de ayudar a los trabajadores sociales a gestionar los datos relacionados con la protección de la infancia. Las herramientas facilitan la gestión de casos, el seguimiento de incidentes, el rastreo de niños migrantes y el reagrupamiento familiar.
  • Kanjo (Ayuntamiento de Andoain): Kanjo es una aplicación que registra a través de una tableta y de manera sistemática el estado emocional de los adolescentes. Posteriormente, un algoritmo analiza los patrones emocionales con el fin de detectar precozmente los casos de riesgo. La función y el objetivo principal del programa es apoyar a los niños y adolescentes en el aprendizaje de la gestión emocional, así como prevenir casos de riesgo y vulnerabilidad.
  • AFST (Allegheny County): El Allegheny Family Screening Tool (AFST) es un sistema de Big Data que proporciona a los profesionales de los servicios sociales una evaluación objetiva de las situaciones de riesgo en el desamparo infantil. La herramienta, basada en algoritmos capaces de interrelacionar una gran cantidad de datos, permite detectar casos de manera preventiva y activar protocolos de intervención social.
  • FLAPP! (Fundació iSocial): Flapp! es una plataforma digital dirigida a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 23 años en situaciones de fragilidad social y con necesidades de acompañamiento. La aplicación incluye herramientas de apoyo que potencian su autonomía en el proceso de emancipación. Entre otros recursos, incluye una caja fuerte digital, un botón de alarma y un chat que permite a los jóvenes conectarse con sus profesionales de referencia sin que ninguno de los dos use su número de teléfono personal. Estas herramientas permiten a los servicios sociales y entidades establecer un canal de comunicación con los jóvenes y acompañarlos con más garantías.

La protección a la infancia abarca diferentes ámbitos de intervención en los servicios sociales y es importante que los profesionales los conozcan todos para dar una respuesta coordinada a las necesidades de los niños y adolescentes. En este sentido, los casos que hemos visto en este artículo son un ejemplo de este acercamiento interdisciplinario y multifactorial. Por un lado, el modelo Barnahus mejora la eficiencia a la hora de gestionar casos de abusos sexuales infantiles a través de la coordinación entre servicios diversos; por otro, la desinstitucionalización es una perspectiva que sitúa el bienestar de los niños en el centro y trabaja para prevenir y reducir las situaciones de desarraigo; y finalmente, las diferentes herramientas tecnológicas brindan instrumentos útiles para avanzar hacia un sector social más eficiente e innovador, capaz de afrontar los nuevos retos de la sociedad actual.

Referencias

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